Es importante tomar en cuenta el panorama de pobreza energética que vivimos en el mundo ante la situación que registran los hogares al no tener acceso a los servicios suficientes en la materia para satisfacer sus necesidades domésticas o que destinan una gran parte de sus ingresos a hacer frente al gasto energético de sus viviendas.
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3 mil millones de personas en el mundo dependen de madera o carbón para cocinar y calentar comida y el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad; la energía es el factor principal del cambio climático y representa el 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Es en este contexto donde se debe reforzar la iniciativa presentada el pasado 23 de febrero para consagrar el derecho a la energía como un derecho fundamental a través del Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de garantizar el acceso a energía asequible, renovable, fiable y moderna para todos y todas.
De esa manera, se defiende la prestación de la energía como un derecho social y se refuerza como un derecho humano y básico, con la finalidad de garantizar a la población acciones tan básicas como cocinar, conservar alimentos, disponer de agua caliente o iluminación.
Sin duda, tenemos saldos negativos de los gobiernos neoliberales, ya que en materia energética se privilegió a los particulares y a extranjeros, y se abandonaron las empresas del Estado (CFE y Pemex) y a los consumidores.
La energía es necesaria para todo, hasta para subsistir. Debemos preservar y garantizar este derecho que se ha vuelto tan elemental como un derecho humano.
El Gobierno de México ha dado pasos contundentes para alcanzar la autosuficiencia energética del país; por ello, la Iniciativa presentada por el Presidente AMLO en materia de defensa de la industria eléctrica y del litio, significa recuperar nuestra soberanía y seguridad energética.
A la par, estamos proponiendo que se garantice la dignidad del ser humano, a través del reconocimiento jurídico del derecho a la energía, concibiéndola como un derecho social.