En días pasados presenté una iniciativa de reforma constitucional que busca transformar al Poder Judicial para democratizarlo, es decir, que sea el pueblo de México quien elija, a través de su voto directo, a los representantes del Poder Judicial, que son los encargados de administrar e impartir la justicia en nuestro país.
En el presente, el Poder Judicial en nuestro país se ha desvirtuado y alejado de la ciudadanía, siendo el menos sometido a la revisión pública, cayendo en los excesos y el despilfarro, generando desconfianza y decepción en la ciudadanía que ha sido víctima de alguna injusticia y que se acerca a este poder en busca de subsanar el daño que se les ha causado.
Sólo por dar algunos ejemplos y ponerlo en cifras, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con un sueldo de 300 mil pesos, superior al del Presidente de México, además, cuentan con 720 mil pesos anuales para comer en restaurantes de lujo, es decir, 60 mil pesos al mes; por otro lado, cuentan con 2 vehículos blindados con un valor de 6 millones de pesos y 22 mil pesos mensuales para gasolina, así como equipo de seguridad y pensión vitalicia casi por la totalidad de su sueldo.
En la actualidad, los jueces y magistrados sirven a los intereses de una minoría que sólo busca su propio beneficio, a una cúpula que maneja a los juzgados y a la corte a su conveniencia, sin importar las necesidades del pueblo, deformando las leyes y los ordenamientos a su modo. Resulta cómodo para los que llegan a ocupar estos altos cargos públicos, pues tienen resuelta su vida y la de sus cercanos, en lugar de trabajar en beneficio de la nación.
Urge regular y democratizar al Poder Judicial sin poner en riesgo la efectividad del mismo, garantizando en todos los casos la justicia imparcial, efectiva, pronta y expedita, en manos de juzgadores profesionales y capacitados que sirvan al pueblo de México y no a intereses propios o ajenos a él.
En el Senado de la República luchamos por acabar con la corrupción y los excesos, y regular a través de leyes efectivas las malas prácticas de nepotismo, corrupción y despilfarro en las que algunos servidores públicos dentro del Poder Judicial recaen.
