Una de las iniciativas que marcó el mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la Ley Reglamentaria al artículo 127 de la Constitución para que en otras cosas ningún funcionario público pueda ganar más lo que perciba el Ejecutivo Federal, contemplando modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para reducir el gasto corriente.
En ese contexto, la austeridad republicana fue acuñada como la bandera del presidente López Obrador para evitar los dispendios y el abuso en el uso de los recursos públicos; acabar con la burocracia dorada que restaba ingresos para poder destinarlos a los programas sociales contemplados en el Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación.
Como tal la austeridad republicana hace referencia a un esquema económico sustentado en la reducción y focalización del gasto público, de tal manera que las entidades públicas realicen su tarea de manera eficaz y transparente en su operación y funcionamiento, sin afectar la atención a cada segmento de la población.
Fue así, que la promesa que hizo el presidente López Obrador en su campaña se convirtió en uno de los compromisos cumplidos para exterminar el lujo y despilfarro de las instituciones gubernamentales y, a cambio de recortar los salarios de los altos funcionarios se obtendrían organismos más eficientes y presupuestos con una mejor focalización a los programas sociales, principalmente los dirigidos a mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Hace 3 años, el 30 de abril, los legisladores recibimos el Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada en lo general el 2 de julio de 2019.
La esencia de esta ley, en términos comunes, es bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo, reduciendo aparatos burocráticos para que no haya duplicidades en las funciones, permitiendo ahorros en los gastos operativos de gobierno.
Lo anterior nos hace reflexionar sobre la necesidad imperante de aumentar los salarios de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, marinos, entre otros; personal que está enfocado a las necesidades prioritarias de las y los mexicanos como lo representa la seguridad, la educación y la salud.
En el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, los que pertenecemos a Morena asumimos la austeridad republicana como un compromiso de retribuir a la población, esa confianza y expectativa de que realicemos nuestras tareas de forma diferente a las que gobiernos anteriores las hicieron, gobierno caracterizados por la opulencia y el dispendio de recursos públicos.
El Poder Judicial no debiera ser la excepción y es por ello que, en coincidencia con el presidente López Obrador, presenté una iniciativa para que ministros y magistrados sean votados y sujetos a establecer esquemas de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Es prioritario que se establezcan límites en esos salarios desorbitantes que en el Poder Judicial imperan, además de otros excesos que lastiman a quienes con mucho esfuerzo trabajan en el sustento diario de sus familias.
Hablar de salarios mensuales de 300 mil pesos, cantidad mayor a la que gana el presidente de México y los legisladores, de primas vacacionales por 100 mil pesos, viáticos para comer en restaurantes de lujo por 720 mil pesos anuales, además de 22 mil pesos mensuales para gasolina, representan privilegios que indignan a las y los mexicanos.
En el Senado de la República insistiremos en la democratización del Poder Judicial aún en contra de aquellos que critican y se oponen a esta iniciativa; en la 4T los dispendios se combaten y se pondera al pueblo.
