Aprobada el pasado 28 de abril en la Sesión del Pleno del Senado por Morena, el PT, PES y PVEM con 63 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el beneficio de la Ley 3 de 3 es directo a la dignificación y el respeto a las mujeres, además de asegurar que la violencia política, económica, física y/o sexual sea sancionada.
Fue remitida a las legislaturas de los Estados y hasta el 23 de mayo estaba aprobada por 23 Congresos, los cuales son: Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Puebla, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas y Nayarit.
La esencia de esta ley es sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas o bien, por tener sentencia como persona deudora alimentaria en situación de mora.
Al ser comprobado lo anterior, esas personas no podrán ser candidatas para cualquier cargo de elección popular, o ser nombradas para cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público; otorgando certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores.
La fuerza legislativa del Congreso de la Unión dio muestras de que las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes son prioridad para lograr consensos en beneficio de México con esta Declaratoria Constitucional de la denominada Ley 3 de 3.
Sin duda, representa un avance en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, preservando sus derechos fundamentales; lo cual es un mensaje contundente de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La 3 de 3 es una postura de solidaridad con mujeres víctimas de violencia, con sentido de justicia, estableciendo espacios multidisciplinarios e interinstitucionales que brindarán, de manera gratuita, atención integral a las víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos menores de edad.
Es importante señalar la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones, reforzando la protección y restitución de los derechos de los menores de edad, ya que las autoridades competentes deberán instrumentar las medidas de restricción para aquellas personas que pretexten ingresos menores o simplemente no se hagan cargo de la manutención de los hijos.
Con esta ley se refuerzan los procedimientos, diligencias y causales en materia de feminicidios, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, además de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, ofendidos y sus familiares, fortaleciendo la adopción de medidas necesarias para garantizar la integridad y robustecer las acciones para protección de las mujeres en México.