De acuerdo con los últimos datos del Censo de Población y Vivienda, en México se registran alrededor de 38 millones de personas jóvenes, cifra que representa 30 % del total de habitantes en el país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el pasado proceso inmediato, en el 2018, destacó el papel de los jóvenes en el proceso federal y en los comicios locales, principalmente de las personas de 18 años que superaron la media nacional, al participar el 64.7 por ciento; con una disminución de participación entre los de 19 hasta los 34 años, que junto con los de 80 o más, fueron el grupo con mayor abstención.
El INE destacó que, las personas entre los 19 y 34 años, en conjunto concentran más de 33 por ciento de la Lista Nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado, de los cuales en el 2018 votaron poco más de 16 millones.
En ese contexto, la recién Declaratoria Constitucional a la reforma a los Artículos 55 y 91 reviste de una gran importancia para el fortalecimiento de la participación de los jóvenes con una marcada inclusión para que a partir de los 18 años, además de poder votar puedan ser votados a un cargo de elección popular; en México durante las últimas diez legislaturas sólo 25 de un total 500 diputados ejercieron el cargo a los 21 años, edad permitida antes de esta modificación.
Esta reforma aprobada en la Sesión de Pleno de la Cámara de Senadores el pasado 28 de abril, representa el interés de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES y del Verde Ecologista por trabajar a favor de la inclusión de los jóvenes.
Aprobada por 19 Congresos, los cuales son: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, la reforma contempla además la modificación para ocupar un cargo o puesto en la administración pública de los 30 a los 25 años para ser secretario de estado.
De esa manera, el Congreso de la Unión trabajó para que el Estado realice acciones que tiendan a obtener la correspondencia de oportunidades entre los distintos grupos sociales; sin duda, la reducción de la edad es un primer paso para garantizar la participación de las y los jóvenes en la vida pública y en la toma de decisiones, garantizando la representación de este sector de la población en la construcción de la democracia.
