La situación económica y social del país, comienza a hacer estragos en los bolsillos de los mexicanos, el acceso a la alimentación, educación, la salud, la vivienda y a los servicios básicos, se hacen cada vez más evidentes; estos factores que inciden en la población, son indicadores importantes dentro de la pobreza, que nos guían a focalizar el tipo de atención que la población requiere.
También, es necesario poner en perspectiva que, en la entidad, los municipios de Tehuacán, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Huauchinango y Teziutlán, representan el 21 por ciento de la población total del Estado, pero estos, están considerados con el mayor número de población.
No hay que perder de vista que, el Estado de Puebla, crece a un ritmo acelerado y por consecuencia el requerimiento de servicios de la población se incrementa de igual forma. Para tener un contexto de este análisis, en la entidad se observa que, del 2020 a la fecha, hay un crecimiento poblacional promedio del 1.31 por ciento.
En este contexto, nos encontramos que la distribución de la población por género en el Estado de Puebla, está conformada por un 52 por ciento de mujeres y el 48 por ciento hombres, pero a nivel municipal esta cifra varía en uno por ciento, es decir, en municipios como: Teteles de Ávila Castillo, Chigmecatitlán, Teopantlán, Huatlatlauca y San Juan Atenco, hay 92 hombres por cada 100 mujeres según estimaciones.
De esto también se desprende que, en el Estado de Puebla, hay un mayor número de jefas del hogar, también se encontró que, las principales demandas de servicios son: electricidad, agua potable, educación, vivienda, seguridad, empleo, mejores salarios, y el combate a la pobreza, así como la desigualdad.
Indicadores del INEGI, marcan como variables para observar este comportamiento en el territorio poblano, pueden ser el desempleo, migración, motivos culturales o religiosos o porque las mujeres están más arraigadas a las labores del hogar.
Se debe tener en cuenta el desarrollo de políticas sociales, las cuales deben permitir un incremento en la inversión para la profesionalización de los cuerpos de seguridad, capacitación a maestros y mejor infraestructura y tecnología para ejercer sus actividades en beneficio de los ciudadanos.
El diagnóstico en la materia, obliga a las entidades gubernamentales a enfocar las baterías en el desarrollo de políticas públicas, encaminadas a la atención de temas de estos temas, cuyo análisis proporcione herramientas adecuadas para avanzar a un ambiente que nos muestre estabilidad e inyecte confianza en la población.