El estado de Puebla, en la última década pasó de una sociedad que tradicionalmente tenía el 60 por ciento de la población en las comunidades étnicas, y el 40 por ciento en las ciudades y zonas conurbadas a una sociedad que ha invertido el proceso, el cual ahora es la población de las comunidades la que ha superado a la de las ciudades y esto ha originado que la infraestructura para este sector, haya presentado un incremento en el estudio poblacional efectuado por especialistas.
Esos estudios como los elaborados por el INEGI, revelan que el fenómeno demográfico también permite observar que la demanda de servicios va sosteniendo un incremento específicamente en los jóvenes, quienes ahora demandan, además empleos y un marco legal que los proteja y haga valer sus derechos.
Por este motivo, hemos efectuado propuestas y desde el Senado de la República vamos adecuando el marco legal con iniciativas que tienen que ver con su entorno, por ejemplo, que en los pueblos originarios haya quedado eliminado el matrimonio infantil, que sin duda era un acto de barbarie, que le quitaba la inocencia a las niñas o niños, o adolescentes y su derecho a decidir con total plenitud, porque estaba significando un negocio para terceros.
Otro de los avances en esta materia, es la prescripción de los delitos sexuales, que ahora les da oportunidad a denunciar hechos de violencia que con el paso del tiempo y los años estos prescribían y quedaban en el olvido y en la impunidad sin que hubiese justicia para las víctimas.
También desde el Senado, se logró disminuir el rango para que la población joven egresada de las universidades, pueda obtener un empleo que además de una remuneración económica, se pueda ganar con ello, la experiencia laboral en los sectores productivos.
Actualmente el estado de Puebla tiene una economía pujante, en la que la participación de los jóvenes es determinante, por ello es necesario abrir nuevos espacios de oportunidad que a futuro signifiquen desarrollo y crecimiento para este sector, como un acto de justicia social.