El estado de Puebla requiere de manera urgente una revisión profunda al Sistema Judicial con la finalidad de garantizar la seguridad, la procuración e impartición de justicia en el estado, para recuperar la confianza de las y los poblanos quienes demandan justicia en el territorio poblano, en donde se evidencia esta necesidad apremiante.
No se puede seguir atentando contra los derechos de la sociedad que demanda justicia, se tiene debe poner atención a los procesos de transparencia, para colaborar todas, todos y todes, y efectuar una reingeniería en el sistema judicial con el fin de garantizar la justicia, pues no se puede permitir que se siga obligando a los ciudadanos a recorrer grandes distancias en busca de una atención legal, porque en su lugar de origen no cuentan con una agencia del Ministerio Público para denunciar.
Un ejemplo claro, es el ocurrido en las juntas auxiliares, rancherías, inspectorías y barrios de los municipios en donde estas instancias de la Fiscalía fueron desaparecidas con el único fin de bajar los índices delictivos en el estado de Puebla.
La descentralización de la justicia ha dejado a muchas comunidades marginadas, exigiendo ahora una estrategia que garantice la cobertura equitativa y eficiente en todo el estado. El enfoque en la modernización y la eficiencia administrativa es imperativo para asegurar que los servicios judiciales sean accesibles y efectivos para todos los ciudadanos.
Además, la implementación de tecnología y la integración de sistemas endógenos en el desarrollo del estado son pasos cruciales hacia una justicia más ágil y equitativa. Este esfuerzo no solo implica la mejora de la infraestructura legal, sino también un compromiso con la sustentabilidad y la inclusión.
Por ello, para lograr que la entidad se convierta en el Estado de la Electromovilidad y generar la soberanía energética y el desarrollo, es necesario garantizar hacia el futuro de Puebla 2024-2030, que requiere una base sólida en la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Se hicieron grandes edificios, sin equipos, sin herramientas; es importante el conocimiento del derecho, pues cada acto de autoridad es un acto de derecho, por eso reitero, que una autoridad cometa un acto ilícito es vergonzoso pues, debemos entender que la función de la autoridad emana de la ley, siendo fundamentada en el artículo 4 Constitucional, en donde dice, toda autoridad impulsa y promueve las garantías sociales.