La transparencia y rendición de cuentas son inherentes al cargo; es necesario que todos reflexionemos sobre la tolerancia a este problema que afecta la rendición de cuentas claras y transparentes, a las que están obligados los servidores públicos en el órgano gubernamental.
Impulsar una cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción deberá ser una prioridad en los tres órdenes de gobierno. Entre los servidores públicos, estas acciones también involucran a los ciudadanos, pues juntos podemos hacer frente a este problema. En el caso del uso de recursos a proveedores, se deberá pugnar por la aplicación de una auditoría forense que nos sirva para transparentar el uso de los recursos y asegurar que estos sean ejercidos de manera responsable.
Sin lugar a dudas, este tipo de ejercicios nos ayudan a recuperar la confianza de los ciudadanos y del personal, además de erradicar viejos vicios en los cuerpos de seguridad, donde se dice que circula la imposición de cuotas para obtener privilegios.
El combate a la corrupción significa cerrar filas entre la sociedad y los servidores públicos para así poder impulsar la rendición de cuentas y la transparencia. En Puebla, hay que reforzar esta tarea y generar en el ámbito público un buen ejercicio laboral en el que se puedan aprovechar las áreas de fiscalización para poner un alto a la corrupción.
Socializar la cultura de la transparencia como una práctica cotidiana, accesible y que da resultados a los ciudadanos, tanto al interior de la administración pública como con la gente, es fundamental para plantear colaboraciones accesibles con la sociedad.
Con esta acción, se debe cambiar las estrategias de trabajo con la sociedad, y se requiere sensibilizar a los servidores públicos para que sean gestores eficientes bajo las prácticas de todo el proceso administrativo.
El trabajo debe estar focalizado en fortalecer los mecanismos que permitan a los ciudadanos realizar de forma expedita y documentada denuncias ciudadanas sobre acciones de corrupción, para que estas sean investigadas por las instancias correspondientes.
Impulsar los procesos para democratizar las buenas prácticas de la gobernanza abierta nos lleva a cerrarle el paso a las inercias administrativas que facilitan actos de corrupción, creando reformas legales que sustenten iniciativas de Gobierno Abierto y participación ciudadana.
Para garantizar este proceso, los tres órdenes de gobierno deberán establecer mecanismos de medición, monitoreo y evaluación de la gestión de la administración pública, creando ventanas de transparencia que difundan el seguimiento del desarrollo de obra pública y las licitaciones, alineados a las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas para el seguimiento ciudadano y para evitar actos de corrupción.
La rendición de cuentas se debe promover con un modelo de justicia, bienestar y uso racional de los bienes públicos, e incentivar las prácticas de un Gobierno Abierto; promover la cultura de la denuncia a través de aplicaciones digitales, reforzar la digitalización de los trámites de gobierno y ampliar la desregulación para evitar intermediarios, así como agilizar las interfaces de las ventanillas digitales.
El estado de Puebla no puede ser un paraíso para la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Debemos erradicar los privilegios y garantizar la aplicación del Estado de Derecho para salvaguardar la seguridad de las personas.
Para esto, se debe reforzar la gestión pública a través de la profesionalización permanente de los servidores públicos; trabajar para transformar los deseos, anhelos y necesidades de la población en resultados específicos de la administración pública, los cuales pueden ser medibles y verificables.
También es necesario utilizar las plataformas digitales, la tecnología en la nube, la geolocalización y la información en tiempo real para establecer una gobernanza abierta, respetando los datos personales.
Además, aplicar los criterios de participación, las contralorías sociales, los consejos de participación ciudadana y todos los instrumentos que permitan que la ciudadanía sea corresponsable para un seguimiento adecuado y continuo de la acción gubernamental.
