La calidad de la justicia en nuestro país debe ser analizada profundamente, el mal de la corrupción se instaló en todos los órdenes y niveles de gobierno, en el caso del Poder Judicial ha sido más complicado implementar cambios para erradicar cualquier práctica corrupta debido a su integración y estructura.
El Poder Judicial es el más alejado de la ciudadanía, sus acciones son las menos sometidas al escrutinio público, los ciudadanos tienen poca confianza en las autoridades judiciales; tribunales, jueces y juzgados son vistos como una pérdida de tiempo para quienes han sido víctimas de un delito, por el contrario, constantemente son re victimizados por las autoridades y raramente consiguen algún resultado cercano a la justicia.
Las autoridades judiciales como jueces, magistrados y ministros son nombradas por el Consejo de la Judicatura Federal, por medio de una selección que puede ser influenciada por relaciones, ‘amiguismos’ e intereses que no necesariamente tienen que ver con la imparcialidad e idoneidad para el cargo.
También las autoridades judiciales han otorgado amparos para proteger intereses económicos, como el caso del etiquetado de alimentos donde el Poder Judicial pasó por encima del derecho a la información para el cuidado de la salud de las y los mexicanos.
Es importante señalar que la propuesta no pretende demeritar las cualidades técnicas necesarias para ocupar un cargo en el poder judicial, las propuestas que se le presentarán a la ciudadanía deberán contar con excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, además de cumplir con el principio de paridad de género.
Como Senador de la República es una prioridad hacer de la práctica de la justicia un ejercicio más abierto, transparente y participativo; ello nos dará acceso a una justicia de mejor calidad, más confiable para la ciudadanía y que asegure que los intereses de quienes imparten justicia están alineados con los intereses de las y los mexicanos.
