Durante los últimos años surgieron empresas que facturaban operaciones simuladas, es decir, que realizan operaciones de compraventa de un bien o servicio inexistente. A través de facturas falsas aumentan los gastos reales de alguna empresa con la finalidad de disminuir sus utilidades y, de esta forma, el pago de sus impuestos, pretendiendo engañar a la autoridad fiscal, lo que se traduce en defraudación fiscal. De igual forma, se identificó que algunas de las empresas factureras también eran utilizadas para realizar pagos de actividades ilícitas.
En 2019, se aprobó en el Congreso de la Unión y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una iniciativa que presenté para el combate a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas. El decreto publicado reformaba la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, considerando como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritaban prisión preventiva oficiosa.
Se incluyó en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Por lo que, con esta reforma, estos delitos tendrían un mayor castigo, a fin de inhibir la realización de estos actos, al tiempo de fortalecer la recaudación hacendaria.
Vale la pena señalar que la estrategia de este gobierno en el combate a la evasión se ha centrado en que paguen los que deliberadamente cometen el delito de evasión, además de eliminar la condonación discrecional de impuestos, combatir activamente el fraude fiscal y buscar la eficiencia recaudatoria. Entre 2018 y 2022 los ingresos tributarios, sin incluir la recaudación del IEPS a gasolinas, se incrementaron 1.3 puntos porcentuales del PIB, sin la necesidad de implementar una reforma fiscal.
Sin embargo, fue en 2021 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por estos delitos fiscales, argumentando que el Poder Legislativo se había excedido al calificarlos como amenazas para la seguridad nacional.
Por ello, dentro del paquete de iniciativas que envió recientemente el Presidente de la República, se encuentra la reforma al artículo 19 de la Constitución federal, que busca establecer prisión preventiva oficiosa en los casos de defraudación fiscal, contrabando y facturación falsa, con la finalidad de inhibir, prevenir y sancionar estos delitos que dañan gravemente a la hacienda pública.
En el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, y como promotor del combate a la evasión fiscal, reconocemos el compromiso del gobierno de México para llevar a cabo un cambio de la cultura tributaria de nuestro país, al aumentar la recaudación y al reducir el desvío de recursos a través de estas prácticas. Contribuir proporcionalmente al pago de impuestos permite que se destinen recursos para la educación, la justicia, la seguridad, la salud y el desarrollo social, de todas las y los mexicanos.
